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El Supremo deberá resolver si el Estado indemniza a los inversores fotovoltaicos

13 julio, 2016 | Publicado en Legislación y Ayudas , Noticias del Sector

Fuente: energias-renovables.com

 

Casi 6.000 pequeños productores fotovoltaicos han presentado ante el Tribunal Supremo reclamaciones patrimoniales por el perjuicio económico sufrido con la entrada en vigor de la reforma energética impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy. La pieza clave de esa reforma fue la sustitución de las primas por la denominada “rentabilidad razonable”, mediante la que el Ejecutivo Rajoy, con el pretexto de combatir el déficit de tarifa, ejecutó de facto un recorte a la retribución del kilovatio solar fotovoltaico que, en algunos casos, alcanza el 50%.

El Supremo deberá resolver si el Estado indemniza a los inversores fotovoltaicos

Los servicios jurídicos de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) y el despacho de abogados Holtrop SLP Transaction & Business Law, que aglutinan a cerca de 6.000 pequeños reclamantes productores de energía fotovoltaica, presentaron ayer otros tantos recursos ante el Alto Tribunal -informa Europa Press-, dando así continuidad a la reclamación previa realizada el verano pasado ante el Consejo de Ministros, que no se pronunció ante las reclamaciones de los pequeños productores. Hace tan solo unas semanas, el Alto Tribunal, en el recurso interpuesto por Anpier contra dicha reforma, recordaba que, con independencia de la constitucionalidad o no de la norma, lo que resultaba incuestionable era la posible reclamación de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador.

Tres votaron a favor de admitir a trámite el recurso; tres votaron en contra (hubo de desempatar el presidente, que tumbó la petición de Anpier). Así, el TS ha avalado la norma que rebajó la retribución de las plantas fotovoltaicas hasta en un 50%, si bien reconoce la posibilidad de que sea recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional. Eso sí: el TS ha dejado abierta la vía para que los que se sientan perjudicados puedan iniciar este camino. Según el secretario y abogado de Anpier, Juan Castro-Gil, los productores fotovoltaicos “no tienen el deber jurídico de soportar esta auténtica expropiación de sus derechos sin ser resarcidos por ello”. En el mismo sentido se ha manifestado Piet Holtrop, del despacho Holtrop SLP Transaction & Business Law, que considera que el Estado español “tiene que hacerse responsable de alguna manera de la situación creada”.

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