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Cumplir el Acuerdo de París precisa de una nueva regulación eléctrica y ambiental

4 julio, 2016 | Publicado en Noticias del Sector

Fuente: energias-renovables

 

Cumplir el Acuerdo de París obliga a elaborar una nueva regulación eléctrica y ambiental que anteponga los objetivos climáticos a la política económica. Es la principal conclusión del nuevo Informe IPM elaborado por Javier García Breva, y editado por IMEDIA, que se ha presentado en la sede permanente de la Comisión Europea en Madrid coincidiendo con el anuncio del Premio Princesa de Asturias a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al Acuerdo de París.

Cumplir el Acuerdo de París precisa de una nueva regulación eléctrica y ambiental

“El modelo energético ha de estar pensado para el consumidor y no para las corporaciones energéticas. Hay que invertir las prioridades para que la sostenibilidad ambiental determine la sostenibilidad económica del sistema energético”, subraya el autor del informe IPM  “Acuerdo de París 2015: repercusión en la política energética española”, en el que  Javier García Breva analiza la transcendencia de este acuerdo en la economía con los ejemplos de Estados Unidos, China y Europa para finalizar con España, que se encuentra muy alejada del objetivo al que se ha comprometido.

Según la cátedra de BP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad Pontificia de Comillas, desde el año 2000 las emisiones de CO2 por el uso de la energía han crecido en España un 38% frente al 12,7% de reducción en la Unión Europea. “Con las políticas actuales las emisiones en nuestro país podrían alcanzar el 80%” advierte el experto.

Este dato confirma que España sólo podrá cumplir el acuerdo que ha firmado en la ONU cambiando su política energética incluyendo las siguientes 5 medidas: multiplicar por tres la potencia renovable integrándola en el urbanismo y transporte dando más competencias a los ayuntamientos, impulsar la rehabilitación energética a escala de ciudad, electrificar el transporte, sustituir la política de regalar derechos de CO2 y establecer un regulador independiente del medioambiente.

En el caso de España existe una relación directa entre dedicar el 4% del Producto Interior Bruto a importar hidrocarburos y el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como consecuencia, reducir el consumo de combustibles fósiles debe ser el primer objetivo de la política energética.

Las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático representan el factor de competitividad más importante para impulsar la economía y el empleo. En caso contrario, “el impacto del cambio climático en España puede suponer una pérdida del 3% de la riqueza nacional”, subraya Javier García Breva.

En la presentación de este último Informe IPM también participaron Mariano González Tejada, Responsable de la Campaña de cambio climático y transporte de Greenpeace y Rafael Barrera, Director General de Anpier, quienes aprovecharon la oportunidad para difundir sus respectivas propuestas para cumplir el objetivo acordado.

Mariano González defendió el informe “El transporte en las ciudades: un motor sin freno del cambio climático” en el que Greenpeace analiza la importante contribución de la movilidad en las áreas urbanas españolas al calentamiento global, remarcando que “el transporte de nuestras ciudades y áreas metropolitanas es responsable del 10% de todas las emisiones de CO2 en España. Lo positivo es que cortar estas emisiones a la mitad en 2030 resulta totalmente viable y razonable. Tan solo hace falta voluntad política por nuestros municipios para aplicar las medidas adecuadas”.

Por su parte, Rafael Barrera aportó la visión de los productores fotovoltaicos presentando el Proyecto Transición Energética en el que está trabajando la asociación. Se trata de un trabajo de identificación, análisis y cuantificación de los impactos ocasionados por el modelo de generación fósil sobre las personas, los animales, la flora, la agricultura, el agua y la cubierta vegetal en España, sirviendo los resultados alcanzados como sustrato de una acción legal contra el Estado español por el conjunto de la normativa energética española que ha venido amparando la generación fósil y dañando la generación renovable.

El cambio climático impone nuevos modelos de negocio energético basados en la eficiencia energética y la participación de los consumidores a través del autoconsumo compartido, el almacenamiento, los contadores y redes inteligentes, la rehabilitación a escala de ciudad y el vehículo eléctrico. Es el modelo que describen las directivas europeas de renovables de 2009, eficiencia energética de edificios de 2010 y de eficiencia energética de 2012.

“El consumidor como centro de decisión en el sistema energético y la reestructuración de las ciudades desde la sostenibilidad del territorio son los ejes de la estrategia energética para cumplir el Acuerdo de París sobre el cambio climático”, concluye García Breva.

El informe “Acuerdo de París 2015: repercusión en la política energética española” está disponible en este enlace.

 

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