Contra las presentes decisiones caben interponer recurso ante la Comisión Electoral, en los tres días naturales siguientes a su publicación en la web del Clúster.

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Hace ahora 3 años, se introdujo en la Ley del Sector Eléctrico la figura de la Comunidad de Energías Renovables (CER) (Reguladas en la Directiva 2018/2001), pero solo su definición. Atrás se quedaba el resto de la regulación de estas entidades. Como también se quedaba atrás otra figura que, junto con la CER, convertía al ciudadano, a los municipios y a las pequeñas y medianas empresas en protagonistas del mercado de la energía: las Comunidades Ciudadanas de Energía (CCE) (Reguladas en la Directiva 2019/944). Es cierto que se incorporaba al ordenamiento español a las CER, como un actor más del mercado, pero la debida y completa trasposición de las directivas comunitarias seguía estando pendiente.

Si bien algunos vimos en este vacío normativo una auténtica oportunidad para crear entidades de este tipo sin las estrecheces que genera la excesiva regulación normativa, con posibilidad de plena adaptación a las circunstancias que imponía la realidad de cada municipio, de cada ciudadano, de cada pequeña y mediana empresa y de sus necesidades energéticas, otros lo vieron como un auténtico obstáculo para desarrollar proyectos promovidos por comunidades energéticas, debido a la falta de seguridad jurídica que suponía esa ausencia de regulación.

Desde entonces, se nos han ido proporcionando pistas sobre los requisitos que debían cumplirse para que una entidad pueda considerarse CER y CCE, especialmente a partir de las regulaciones de las ayudas públicas para el incentivo de las comunidades energéticas, pero nada definitivo ni concluyente, al menos desde el punto de vista de la regulación jurídica de las figuras como tal.

Que la regulación se acometía ya se puso de manifiesto hace unos meses, el 21 de abril de 2023, cuando se sometió a consulta el Proyecto de real decreto por el que se desarrollan las figuras de las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía. El plazo para formular alegaciones concluyó el 17 de mayo.

Mientras aguadábamos expectantes al resultado de esta consulta pública, de repente, ayer, y por un real decreto ley, cuya denominación despista a cualquiera, se vuelve a la carga con la trasposición de la normativa comunitaria en esta materia. Ya no quedaba más remedio que hacerlo del modo que fuera, pues, como recuerda la exposición de motivos del Real Decreto-ley 5/2023, “el plazo de trasposición de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, finalizó el 30 de junio de 2021 y el plazo de trasposición de la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 5 de junio de 2019, finalizó el 31 de diciembre de 2020; habiéndose iniciado con relación a la primera procedimiento de infracción en mayo de 2022, y recibido dictamen motivado en enero de 2023.”

A estas alturas de la carrera de fondo, permítanme que diga: “vaya chasco”, “¿en serio?”. No sé si ha sido la prisa, motivada por las advertencias comunitarias planteadas ya formalmente, o que el reglamento que todos esperábamos requería una incorporación previa de las CCE y de los principios comunitarios vertebradores de esta figura y de las CER a la Ley del Sector Eléctrico, pero lo cierto es que el real decreto-ley publicado ayer sigue sin proporcionar las mimbres que se necesitan para hacer el cesto.

Ciertamente, la modificación que la norma recién publicada realiza de la Ley del Sector Eléctrico aporta algo más de luz en la materia, pero sigue sin ser lo que esperábamos y, me atrevo a decir, lo que algunos necesitaban.

Se incluye un nuevo apartado en el artículo 6.1 de la Ley del Sector Eléctrico, incorporándose a las CCE (la CER ya se contempla en dicha Ley desde junio de 2020) como uno de los sujetos que pueden desarrollar actividades destinadas al suministro de energía eléctrica y definiéndolas como: “entidades jurídicas basadas en la participación voluntaria y abierta, cuyo control efectivo lo ejercen socios o miembros que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas, y cuyo objetivo principal consiste en ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros, socios o a la localidad en la que desarrolla su actividad, más que generar una rentabilidad financiera.”

Además, en orden a la trasposición urgente perseguida, el Real Decreto-ley 5/2023 incorpora a la Ley del Sector Eléctrico los artículos 12.bis), dedicado a las CER, y 12.ter), dedicado a las CCE.

En relación con las CER, en el artículo 12 bis) se reconoce a los socios o miembros de las CER los derechos y obligaciones de los sujetos del sector eléctrico previstos en esta norma y en su normativa de desarrollo.

Asimismo, se reconoce a los consumidores finales, incluidos los consumidores domésticos, el derecho a participar en una CER a la vez que  mantienen sus derechos u obligaciones como consumidores finales.

Además, se recogen los siguientes derechos de las CER en los términos de la normativa sectorial de aplicación:

a) producir, consumir, almacenar y vender energías renovables, en particular mediante contratos de compra de electricidad renovable;

b) compartir, en el seno de la comunidad de energías renovables, la energía  renovable que produzcan las unidades de producción propiedad de dicha  comunidad de energías renovables, a condición de cumplir los demás requisitos  establecidos en este artículo y de mantener los derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad de energías renovables en su condición de consumidores;

c) acceder a todos los mercados de la energía adecuados tanto directamente como mediante agregación de manera no discriminatoria.”

Y, por último, se incluye la obligación de que las administraciones públicas, al objeto de fomentar y facilitar el desarrollo de las CER, garanticen que:

a) se eliminen los obstáculos reglamentarios y administrativos injustificados a las comunidades de energías renovables;

b) las comunidades de energías renovables que suministren energía o proporcionen servicios de agregación u otros servicios energéticos comerciales estén sujetas a las disposiciones aplicables a tales actividades;

c)    el gestor de la red de distribución correspondiente coopere con las comunidades de energías renovables para facilitar, en el seno de las comunidades de energías renovables, las transferencias de energía;

d) las comunidades de energías renovables estén sujetas a procedimientos justos, proporcionados y transparentes, incluidos los procedimientos de registro y de concesión de licencias, y a tarifas de la red que reflejen los costes, así como a los pertinentes cargos, gravámenes e impuestos, garantizando que contribuyen, de forma adecuada, justa y equilibrada, al reparto del coste global del sistema;

e) las comunidades de energías renovables no recibirán un trato discriminatorio en lo que atañe a sus actividades, derechos y obligaciones en su condición de clientes finales, productores, suministradores, u otros participantes en el mercado;

f) la participación en las comunidades de energías renovables será accesible a todos los consumidores, incluidos los de hogares con ingresos bajos o vulnerables;

g) estén disponibles instrumentos para facilitar el acceso a la financiación y la información;

h) se proporcione apoyo reglamentario y de refuerzo de capacidades a las autoridades públicas para propiciar y crear comunidades de energías renovables, así como para ayudar a las autoridades a participar directamente; y

i) estén en vigor normas destinadas a garantizar el trato equitativo y no discriminatorio de los consumidores que participen en la comunidad de energías renovables.”

Finalmente, la norma prevé que las particularidades de las comunidades de energías renovables se tendrán en cuenta al diseñar los sistemas de apoyo, a fin de que estas puedan competir por el apoyo en pie de igualdad con otros participantes en el mercado.

Por lo que respecta a las CCE, mediante la incorporación del artículo 12.ter) a Ley del Sector Eléctrico, se trasponen los principios comunitarios, relativo a esta figura, estableciendo que reglamentariamente se determinará un marco jurídico favorable que los garantice. El desarrollo reglamentario deberá garantizar que:

a) la participación en una comunidad ciudadana de energía sea abierta y  voluntaria,

b) los socios o miembros de una comunidad ciudadana de energía tengan  derecho a abandonar la comunidad,

c) los socios o miembros de una comunidad ciudadana de energía no pierdan sus derechos y obligaciones como consumidores finales de energía eléctrica,

d) Puedan acceder a todos los mercados organizados de producción de energía eléctrica directamente o a través de la agregación de forma no discriminatoria.

e) Tengan garantizado un trato no discriminatorio y proporcionado en relación con el ejercicio de sus actividades, derechos y obligaciones como clientes finales, generadores, suministradores, o participantes en el mercado que presten servicios de agregación;

f) Estén sujetas a procedimientos y tasas, incluidos el registro y la concesión de licencias, equitativos, proporcionales y transparentes, así como a unas tarifas de acceso a la red transparentes y no discriminatorias, que reflejen los costes de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE) 2019/943, y que garanticen que contribuyan de manera adecuada y equilibrada al reparto general de los costes del sistema.

g) Puedan actuar como representantes de los consumidores para la realización del autoconsumo colectivo, siempre que estos otorguen las correspondientes autorizaciones.

Una vez más, se difiere al desarrollo reglamentario la regulación de los requisitos aplicables a estas entidades, que permitan el acceso a la actividad, sus derechos y obligaciones, así como los derechos y obligaciones de sus socios o miembros.

Como vemos, el Real Decreto-ley nos aporta algo de oxígeno en esta larga carrera de fondo, pero queda distancia hasta la meta, mientras no llegue ese desarrollo reglamentario con el que se amagó hace unos meses, por el que se ponían sobre la mesa los requisitos reales que conformarían el régimen jurídico de estas comunidades energéticas. Mientras, seguiremos esperando y aprovechando, cuando se puede, la oportunidad que el vacío normativo nos proporciona igualmente.

María Isabel Dominguez Llerena

Fuente: Más seguridad jurídica para las COMUNIDADES ENERGÉTICAS | Campón & Martinez-Pereda. Abogados en Cáceres y Badajoz (campon-martinezpereda.com)

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FOMENTO DE LA COOPERACION EMPRESARIAL EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA, 2022

NOMBRE

PROYECTO DE DINAMIZACION DIRIGIDO A FAVORECER LA CONSOLIDACION Y CRECIMIENTO DE LA AEI CLUSTER DE LA ENERGIA DE EXTREMADURA EN TORNO A LOS NUEVOS RETOS DE LA INDUSTRIA CONECTADA 4.0 – CONSOLIDA 2022

CONSORCIO

“ASOCIACION CLUSTER DE LA ENERGIA DE EXTREMADURA”

DESCRIPCIÓN

El proyecto CONSOLIDA, liderado por el Cluster de la Energía de Extremadura, como Agrupación Empresarial Innovadora tiene como objetivo general desarrollar un completo programa de actuación orientado a favorecer la consolidación y el crecimiento de la propia AEI, por lo que se encuadra en la tipología de proyecto subvencionable tipo 1 previsto en el artículo 32 del decreto 95/2017, del 27 de junio y en el artículo 3 de la Orden de 19 de julio de 2017, que regulan las ayudas destinadas al fomento de la cooperación empresarial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Este crecimiento se ha conseguido facilitando al Cluster los recursos y capacidades necesarios para desarrollar nuevas iniciativas colaborativas en torno a la cadena de valor del sector energético, con la finalidad última de mejorar la competitividad de sus empresas asociadas y generar mayor valor añadido en la propia entidad, que debe continuar trabajando para posicionarse como la entidad de referencia en el sector energético y aumentar su presencia en el ámbito internacional.

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Alterna Energía es una empresa especializada en fotovoltaica, con casi 20 años de experiencia en el sector y en constante crecimiento. Hacemos proyectos a nivel industrial, para grandes empresas tanto de autoconsumo como de generación.

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Su misión será coordinar el devenir de la obra, siendo el responsable del seguimiento, control y ejecución de la misma, garantizando el cumplimiento de los plazos, de la normativa en materia de Seguridad, Salud y Medioambiente y de los estándares de Calidad.

Funciones principales:

Coordinación con project manager, a quien deberá mantener informado en todo momento sobre los avances y detalles de la obra.
Mantener organizados los espacios de trabajo, maniobra, almacenamiento, carga y descarga, talleres y accesos a la obra.
Apoyo al Project Manager en la recepción de material para la obra.
Lectura de planos
Montaje de estructuras
Montaje de módulos o placas: marquesinas, fachada, cubiertas, sobre terreno, etc.
Control de avances mecánicos y eléctricos, independientemente de su especialización.
Responsable de seguridad y recurso preventivo, garantizando que se cumplen todos los procedimientos de seguridad y estándares de calidad.
Garantizar que el personal a su cargo cumple con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales: uso correcto de EPIs, material y herramientas.
Responsable de la recepción y entrega de las herramientas asignadas al equipo.
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Requisitos:

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La comunidad extremeña es la que más energía eléctrica ha producido en 2021 a partir de placas fotovoltaicas

El parque de generación en esta tecnología es el mayor de toda España y que el año pasado sumó 1,3 nuevos
GW.

Mérida, 18 de marzo de 2022
Extremadura ha revalidado en 2021 su liderazgo nacional en energía solar fotovoltaica, tanto en potencia instalada como en generación eléctrica. El año pasado, instaló más de 1.300 nuevos MW de esta tecnología, lo que supone casi un 51% más que el año anterior. De esta manera, la región cerró el año con más de 3.877 MW en servicio, la mayor potencia instalada de fotovoltaica en el país. Este impulso permitió duplicar la producción a partir de esta fuente, alcanzando un volumen superior a 4.900 GWh. Así se desprende del Avance del informe del sistema eléctrico español 2021 que Red Eléctrica de España publica anualmente con las principales magnitudes del sector en nuestro país y que ha sido presentado en un acto celebrado hoy.

Para la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, “la transición ecológica es hoy más necesaria que nunca. Es la única vía para lograr la soberanía energética de Europa y es palanca indiscutible de la recuperación que tenemos por delante. Llevamos años trabajando en este camino y los datos de 2021 son señal inequívoca de que avanzamos a buen ritmo y con paso firme. Y un instrumento esencial para impulsar esta transición será la Planificación eléctrica 2021-2026, que se aprobará próximamente y nos permitirá cumplir con la senda que marca el PNIEC”.

El avance en energía fotovoltaica en Extremadura ha permitido que la región cerrase el año incrementando casi un 56 % su generación renovable con respecto a los datos de 2020. De esta manera, la participación de las energías verdes se situó en el 38 %.

En total, la comunidad ha producido 24.672 GWh, lo que supone un 9,5 % del total en España. Se trata de una cifra un 15,5 % superior a la registrada en 2020. La nuclear lidera la estructura de generación, con más del 60 % de la producción. Tras ella, se posicionan la fotovoltaica (20 %), la hidráulica (8,8 %) y la solar térmica (7,6 %).

Por otro lado, en 2021, Extremadura también ha ostentado el récord nacional en cuota de generación libre de emisiones de CO2 equivalente (gases de efecto invernadero), que al igual que el pasado año ha alcanzado el 99,7 % de toda la producción.

Todos estos datos otorgan a la región una posición predominante a nivel nacional en el proceso de transición energética. Esto es posible gracias a la espectacular transformación de su parque de generación. A cierre de año, casi el 78 % de su potencia instalada era renovable. En cómputo, más de 7.000 MW verdes que suponen un incremento por encima del 22 % respecto al ejercicio anterior. Tras el liderazgo de la fotovoltaica, se sitúa en
segundo lugar la nuclear con 2.017 MW en servicio.

Respecto a la demanda extremeña de energía eléctrica, en 2021 experimentó un ascenso del 1,4 % con respecto a 2020. En concreto, en Extremadura se han consumido a lo largo del año 5.020 GWh, lo que representa el 2 % del total de España.

La transición energética, imparable en España

En el ámbito nacional, los datos de 2021 demuestran una vez más la fuerte apuesta renovable de España. En total, las energías verdes produjeron 121.305 GWh, casi un 10% (9,7 %) más que en 2020 y alcanzaron una cuota récord cercana al 47% (46,7 %) sobre el total nacional.

En este sentido, destaca la producción alcanzada por la eólica que ha sido la tecnología líder del mix de 2021 con el 23,3 % del total. Así, gracias al viento, la eólica ha producido un 10,2 % más de electricidad que en el ejercicio anterior. También ha sido muy relevante el incremento experimentado por la solar fotovoltaica, que tras aumentar su potencia instalada en un 28,8 % con la incorporación de más de 3.300 nuevos MW, ha incrementado su producción en un 36,7 %.

Tras la eólica, la siguiente tecnología con mayor participación ha sido la nuclear, que generó un 3,1% menos que en 2020 y alcanzó una cuota del 20,8 %. Le siguen el ciclo combinado (17,1 %), la hidráulica (11,4%) y la solar fotovoltaica (8%). Por su parte, el carbón continuó su descenso y alcanzó una participación del 1,9 %.

Esta mayor presencia de renovables en el mix de producción durante 2021 ha favorecido la reducción de emisiónes CO2 eq. asociadas a la producción eléctrica, registrando en 2021 el mínimo histórico.

La participación de las tecnologías renovables en el parque de generación nacional continúa también creciendo. A cierre de 2021, con la suma de 4.000 nuevos MW verdes, ya representaban el 56,6% del total nacional que ya asciende a 112.846 MW. Tras la eólica, tecnología líder con el 25 % de la potencia, se sitúan el ciclo combinado
(23,3%), la hidráulica (15,1%) y la solar fotovoltaica (13,3 %).

Por su parte, la demanda de energía eléctrica ha avanzado en su recuperación tras el impacto de la pandemia.
Durante 2021 fue de 256.387 GWh, un 2,5% más que en 2020. Una vez corregidas la influencia de la laboralidad y las temperaturas, los datos de consumo se mantienen sin variaciones significativas.

Fuente: Red Eléctrica Española. Descargar nota de prensa

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Con estas convocatorias se implementa definitivamente el programa de incentivos dirigidas a las comunidades energéticas regulado en la Orden TED/1446/2021, de 22 de diciembre.

Las ayudas van dirigidas a aquellas entidades jurídicas, públicas o privadas, que fomenten la participación en el sector energético de actores que tradicionalmente no habían participado en él y cuya finalidad sea el desarrollo de energía renovable eléctrica y térmica, eficiencia energética, infraestructura para movilidad sostenible y gestión de la demanda mediante comunidades energéticas. La participación novedosa en el sector de las comunidades energéticas es lo que hace que estos se consideren pilotos singulares. De ahí que estas entidades sean el destinatario específico de estas ayudas, con la finalidad de fomentar estas inversiones e implementar las actuaciones asociadas a ellas.

Por fin ve la luz el primer impulso gubernamental dirigido específicamente a proyectos promovidos por comunidades energéticas. Pero hay algo más: el legislador comienza a establecer las características de un nuevo actor del mercado energético que, hasta ahora, desde que se traspuso al ordenamiento jurídico español, mediante la modificación de la Ley del Sector Eléctrico en junio de 2020 (a través del Real Decreto Ley 23/2020), permanecía prácticamente en la indefinición.

La Ley del Sector Eléctrico define la figura en su artículo 6 como: «entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.»

Nada más se había concretado legalmente sobre la figura. Muchos han visto esta falta de definición como un motivo generador de inseguridad jurídica y, por ello, disuasorio a la hora de abordar la creación de una comunidad energética. La duda era si estaba bien constituida y, sobre todo, si podría optar a las ayudas que se convocaran por el Gobierno central o los Gobiernos regionales.

Otros hemos visto la falta de concreción de las características de estas entidades como una oportunidad para crearlas de la forma más acorde posible a la realidad a que en cada caso concreto debía enfrentarse la comunidad energética.

Sea como fuere, el conjunto regulatorio de estas ayudas al impulso de proyectos piloto promovidos por comunidades energéticas, aunque en sede de subvenciones y a estos efectos, contiene “pistas” fundamentales para quienes pretenden engendrar, desarrollar e implantar este tipo de proyectos.

La Ley del Sector Eléctrico dejaba claros los requisitos básicos para ser considerada comunidad de energías renovables:

• Disponer de personalidad jurídica.
• Con participación abierta y voluntaria.
• Controlada efectivamente por sus socios o miembros (personas físicas, pymes o entidades locales)
• Debe desarrollar proyectos de su propiedad.
• Su finalidad primordial debe ser proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.

A efecto de estas ayudas, aunque se valora como criterio de adjudicación la proximidad de los socios de la entidad al proyecto desarrollado por ella, no se requiere su concurrencia para que esa entidad sea considerada comunidad energética. No obstante, las bases reguladoras acotan conceptos jurídicos indeterminados que generaban muchas dudas al abordar la creación de estas entidades.

Define la “participación abierta” como: «el derecho de que cualquier persona física o jurídica de naturaleza pública, privada o público-privada que quiera utilizar los servicios de la comunidad energética y que desee aceptar las responsabilidades de la afiliación a la misma, y pueda ser socia o miembro sin estar sujeta a condiciones injustificadas o discriminatorias.»

Las bases reguladoras dejan claro qué se entiende por “participación voluntaria” en la comunidad energética: «el derecho de cualquier miembro o socio a abandonar la comunidad energética, así como retirar su inversión, dentro de unos límites temporales razonables para limitar el potencial impacto en la sostenibilidad financiera de la misma.»

Y define el “control efectivo” de los miembros de la comunidad energética sobre ella como «la capacidad de un miembro de la comunidad energética de ejercer una influencia decisiva sobre sus decisiones». Entre otros casos, se considerará que una persona física o jurídica controla la comunidad energética cuando:

• «Posea la mayoría de los derechos de voto.
• Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría del personal de dirección o de gestión de la comunidad energética.
• Ejerza una influencia dominante en la toma de decisiones de la comunidad energética o pueda disponer de la mayoría de los derechos de voto, a través de cualquier pacto o acuerdo celebrado con terceros.
• Haya designado con sus votos a la mayoría del personal de dirección o de gestión de la comunidad energética.»

Más allá de estas definiciones literales, las bases reguladoras y las órdenes de convocatoria de estas ayudas aportan asimismo claridad sobre las características de estas entidades. Basta para comprobarlo con analizar los criterios de valoración con arreglo a las que se evaluarán las solicitudes que opten a las ayudas, a conceder en régimen de concurrencia competitiva. Se valora:

• Que los miembros de la comunidad sean exclusivamente personas físicas, pymes o entidades locales.
• La proximidad de los socios o miembros al proyecto en la medida en que desarrollen su actividad o residan dentro del radio de actuación del emplazamiento de la actividad considerado como límite de proximidad (máximo 50 Kms, a concretar en las convocatorias).
• La puntuación en función de la calidad de la información en el plan de trabajo que incluirá, entre otros puntos, las oportunidades para la cadena de valor industrial local, regional, nacional y comunitaria; así como un análisis del impacto sobre la fabricación de equipos, suministros, montajes, transporte y resto de prestaciones realizadas por empresas localizadas en los citados ámbitos territoriales, en relación con la inversión total a realizar.
• El impacto social y de género.
• La calidad del plan de participación de agentes interesados, incluyendo entre ellos a personas físicas y/o pymes y/o entidades locales.
• La adecuación a prioridades autonómica y/o locales. Recibirán el total de la puntuación correspondiente a este criterio aquellas solicitudes que certifiquen el cumplimiento de este criterio aportando el correspondiente informe de un organismo competente.

Si ya todos conocíamos las bondades de esta nueva forma de participación en el mercado energético, con este avance normativo, que aporta algo más de luz sobre el concepto, al aclarar muchas de sus características, no quedan excusas para emprender el camino al éxito que está augurado para este tipo de entidades.

Fuente: Campón&Martinez-Pereda Abogados

La entrada Más alfombra roja para las “COMUNIDADES ENERGÉTICAS” se publicó primero en Cluster de la Energía de Extremadura.

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha firmado un convenio con el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), la Junta de Extremadura y la Fundación Fundecyt-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura para la realización de las actuaciones necesarias para la creación, equipamiento y puesta en marcha del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético. En virtud de este acuerdo, el Gobierno destina cerca de 58 millones de euros hasta 2023 para impulsar la creación de esta entidad. De esta cantidad, alrededor de 53 millones de euros proceden de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha explicado que el principal objetivo del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético será “contribuir a resolver los retos científicos y tecnológicos que permitan la gestión de las energías verdes, mediante la investigación científica, el desarrollo tecnológico y las innovaciones en almacenamiento energético para satisfacer las demandas industriales y las necesidades de la sociedad para un futuro energético sostenible”.

El convenio adoptado, publicado hoy​​​​​​​ en el Boletín Oficial del Estado, también contempla que la Junta de Extremadura aporte 16,6 millones de euros a la creación, puesta en marcha y equipamiento de este centro, que orientará su actividad en tres grandes áreas: la investigación y desarrollo de tecnologías de almacenamiento de energía y su integración con las energías verdes; la colaboración con el sector industrial y el desarrollo conjunto de tecnologías; y el asesoramiento y formación en energías verdes y su gestión.

El centro estará dotado de laboratorios de última generación que permitirán desarrollar todo el ciclo del almacenamiento de la energía a distintas escalas, desde la química física de los materiales hasta su escalado y aplicación, pasando por el ensayo de sistemas de almacenamiento conectados. También contará con infraestructuras singulares que permitirán, entre otros, ensayos de equipos de alta potencia y de redes y micro redes, para la realización de pruebas piloto a escala industrial.

Este centro se ubicará en el término municipal de Cáceres y el número aproximado de personal, del ámbito público, que desarrollará su actividad investigadora e innovadora en él será de cerca de 85 personas, a las que se deberá sumar el personal en formación, de gestión de la I+D+I y administración.

Colaboración hispano-portuguesa

Con ocasión de la XXXII Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada el pasado 28 de octubre de 2021, España y Portugal se comprometieron, entre otras cuestiones, a cooperar estrechamente en los retos científicos y energéticos, desarrollando estrategias comunes en beneficio de sus poblaciones. En este sentido, el acuerdo fue crear un centro con carácter ibérico al amparo de los correspondientes acuerdos internacionales que se suscriban entre ambos Estados y de conformidad con la legislación nacional e internacional que resulte de aplicación siguiendo como modelo el Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología (INL) situado en Braga (Portugal) y creado en 2005 en la XXI Cumbre Hispano-Portuguesa.

Este convenio con la Junta, por tanto, supone el primer paso para la ulterior suscripción de los acuerdos internacionales que resulten necesarios para la creación del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético, que aunará los esfuerzos conjuntos de España y Portugal en el ámbito del desarrollo y cooperación científica, tecnológica e innovadora en materia de energía, con clara vocación internacional. El convenio adoptado extenderá su vigencia hasta la constitución de este Centro Ibérico, antes del 1 de diciembre de 2023.

Fuente: Ministerio de Ciencia e Innovacion

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Fuente: retema.es

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