De entre las renovables, cabe destacar que la fotovoltaica iguala a la hidráulica con un 19,2% de participación en el mix, según los datos dados a conocer por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (Appa Renovables). En concreto, las reservas hidroeléctricas alcanzaron un máximo de 70,33 %.

Aunque sigue siendo la energía eólica la que más contribuye al sistema de generación con el 22,2%. Mientras que la solar térmica y otras fuentes renovables representaron entre ambas el 3,5%.

El precio medio del mercado diario en abril fue el más bajo de la historia con 13,67 €/MWh. La media anual se sitúa en 37,07 €/MWh.  De hecho, a lo largo de este mes se produjeron  156 horas casadas en cero y como novedad 107 horas con precios negativos. Lo que da una idea de los profundos cambios que se están produciendo en el sistema y del impacto que ya tienen las renovables.

En este escenario, Los servicios de ajuste han costado un 32,5% más que el precio medio del mercado diario.

Desde un punto de vista de comportamiento del mercado mayorista, los futuros comienzan a repuntar para los trimestres restantes de 2024 y para los años 2025y 2026.

Otro aspecto a destacar es el repunte la demanda con un incremento del 4,2% con respecto al mismo mes del año anterior con 18.938 GWh.

El CO2 ha alcanzado un precio de  64 €/tonelada, con una tendencia que apunta claramente al alza. Por contra, el gas se sitúa en 29,22 €/MWh.

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La Península cerrará este 2023 con una cuota histórica del 50,8% del «mix» nacional de electricidad, frente al 42,2% de 2022, según el balance provisional de Red Eléctrica (Redeia) y fuentes ministeriales. Esa producción energética equivale a 135.000 gigavatios-hora (GWh) de generación verde frente a los 116.695 GWh del pasado ejercicio, marcando también un máximo histórico, como han informado distintos medios, entre ellos Climática.

El dato se dio a conocer coincidiendo con el último consejo de ministros europeos de Energía del año, celebrado en Bruselas, donde se analizó, entre otros puntos, la proyección climática de los países de la Unión Europea en función de los planes nacionales integrados de energía y clima analizados por la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario concluye en su análisis ―de los 21 países que han entregado sus planes a tiempo― que la UE solo reduciría sus emisiones en 2030 en un 51% respecto a 1990, y no «al menos un 55%» como obliga la Ley de Clima de la UE.

Sin embargo, según el análisis de la Comisión, España cumpliría holgadamente con su objetivo, ya que tiene asignada una reducción del 37,3% de emisiones de CO2 en 2030 y, si aplica sus planes, Bruselas concluye que llegaría al 44,7%.

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha declarado que «Europa debe hacerlo bien. No puede permitirse el lujo de no hacerlo bien. Tiene que hacerlo bien no solamente por los compromisos internacionales asumidos y reforzados en la COP de Dubái. Se lo debe a su industria, se lo debe a sus ciudadanos de mañana y pasado mañana».

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El ascenso de la capacidad operativa se derivó de la puesta en servicio de numerosas instalaciones de energía solar fotovoltaica, cuya potencia acumulada creció un 21,7% respecto a la de 2021 y casi se multiplicó por cuatro desde 2018. Por su parte, la capacidad eólica aumentó un 6% respecto a 2021 y un 27% respecto a 2018.

El volumen vendido de electricidad eólica y solar alcanzó los 92.171 gigavatios-hora, un 9% más que en el año anterior. Esta cifra supuso el 33% de la producción total de energía eléctrica, cerca de diez puntos más que en 2018.

La energía eólica vendida ascendió a 59.945 gigavatios-hora (+0,5% respecto a 2021), manteniendo su posición como principal tecnología renovable, por delante de la energía solar fotovoltaica, que con 28.101 GWh contabilizó un crecimiento del 39,2%. Por su parte, el volumen solar termoeléctrico alcanzó los 4.125 GWh.

En un contexto de notable incremento de los precios, el valor del mercado de energías eólica y solar se elevó en 2022 hasta los 17.837 millones de euros, habiendo experimentado un ascenso del 33,1%. La energía eólica continuó siendo la principal generadora de ingresos, con 10.077 millones de euros, seguida de la energía solar fotovoltaica con 6.223 millones y la energía solar termoeléctrica, con 1.537 millones.

Las previsiones apuntan a que en el bienio 2023-2024 se instalarán alrededor de 4.500 nuevos megavatios de energía eólica, de forma que la potencia acumulada en España se situará en torno a los 34.500 megavatios en funcionamiento al final del período. A su vez, a finales de 2024 se podrían alcanzar los 29.000 megavatios instalados de energía solar fotovoltaica, la cual sigue presentando un marcado dinamismo, apoyado en el impulso de las administraciones públicas.

El mercado de energía eólica y solar sigue presentando una creciente concentración de la oferta. Los cinco principales operadores absorbieron en 2022 el 43% de la potencia total instalada, mientras que la cuota conjunta de los diez primeros fue del 53%.

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Hace ahora 3 años, se introdujo en la Ley del Sector Eléctrico la figura de la Comunidad de Energías Renovables (CER) (Reguladas en la Directiva 2018/2001), pero solo su definición. Atrás se quedaba el resto de la regulación de estas entidades. Como también se quedaba atrás otra figura que, junto con la CER, convertía al ciudadano, a los municipios y a las pequeñas y medianas empresas en protagonistas del mercado de la energía: las Comunidades Ciudadanas de Energía (CCE) (Reguladas en la Directiva 2019/944). Es cierto que se incorporaba al ordenamiento español a las CER, como un actor más del mercado, pero la debida y completa trasposición de las directivas comunitarias seguía estando pendiente.

Si bien algunos vimos en este vacío normativo una auténtica oportunidad para crear entidades de este tipo sin las estrecheces que genera la excesiva regulación normativa, con posibilidad de plena adaptación a las circunstancias que imponía la realidad de cada municipio, de cada ciudadano, de cada pequeña y mediana empresa y de sus necesidades energéticas, otros lo vieron como un auténtico obstáculo para desarrollar proyectos promovidos por comunidades energéticas, debido a la falta de seguridad jurídica que suponía esa ausencia de regulación.

Desde entonces, se nos han ido proporcionando pistas sobre los requisitos que debían cumplirse para que una entidad pueda considerarse CER y CCE, especialmente a partir de las regulaciones de las ayudas públicas para el incentivo de las comunidades energéticas, pero nada definitivo ni concluyente, al menos desde el punto de vista de la regulación jurídica de las figuras como tal.

Que la regulación se acometía ya se puso de manifiesto hace unos meses, el 21 de abril de 2023, cuando se sometió a consulta el Proyecto de real decreto por el que se desarrollan las figuras de las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía. El plazo para formular alegaciones concluyó el 17 de mayo.

Mientras aguadábamos expectantes al resultado de esta consulta pública, de repente, ayer, y por un real decreto ley, cuya denominación despista a cualquiera, se vuelve a la carga con la trasposición de la normativa comunitaria en esta materia. Ya no quedaba más remedio que hacerlo del modo que fuera, pues, como recuerda la exposición de motivos del Real Decreto-ley 5/2023, “el plazo de trasposición de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, finalizó el 30 de junio de 2021 y el plazo de trasposición de la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 5 de junio de 2019, finalizó el 31 de diciembre de 2020; habiéndose iniciado con relación a la primera procedimiento de infracción en mayo de 2022, y recibido dictamen motivado en enero de 2023.”

A estas alturas de la carrera de fondo, permítanme que diga: “vaya chasco”, “¿en serio?”. No sé si ha sido la prisa, motivada por las advertencias comunitarias planteadas ya formalmente, o que el reglamento que todos esperábamos requería una incorporación previa de las CCE y de los principios comunitarios vertebradores de esta figura y de las CER a la Ley del Sector Eléctrico, pero lo cierto es que el real decreto-ley publicado ayer sigue sin proporcionar las mimbres que se necesitan para hacer el cesto.

Ciertamente, la modificación que la norma recién publicada realiza de la Ley del Sector Eléctrico aporta algo más de luz en la materia, pero sigue sin ser lo que esperábamos y, me atrevo a decir, lo que algunos necesitaban.

Se incluye un nuevo apartado en el artículo 6.1 de la Ley del Sector Eléctrico, incorporándose a las CCE (la CER ya se contempla en dicha Ley desde junio de 2020) como uno de los sujetos que pueden desarrollar actividades destinadas al suministro de energía eléctrica y definiéndolas como: “entidades jurídicas basadas en la participación voluntaria y abierta, cuyo control efectivo lo ejercen socios o miembros que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas, y cuyo objetivo principal consiste en ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros, socios o a la localidad en la que desarrolla su actividad, más que generar una rentabilidad financiera.”

Además, en orden a la trasposición urgente perseguida, el Real Decreto-ley 5/2023 incorpora a la Ley del Sector Eléctrico los artículos 12.bis), dedicado a las CER, y 12.ter), dedicado a las CCE.

En relación con las CER, en el artículo 12 bis) se reconoce a los socios o miembros de las CER los derechos y obligaciones de los sujetos del sector eléctrico previstos en esta norma y en su normativa de desarrollo.

Asimismo, se reconoce a los consumidores finales, incluidos los consumidores domésticos, el derecho a participar en una CER a la vez que  mantienen sus derechos u obligaciones como consumidores finales.

Además, se recogen los siguientes derechos de las CER en los términos de la normativa sectorial de aplicación:

a) producir, consumir, almacenar y vender energías renovables, en particular mediante contratos de compra de electricidad renovable;

b) compartir, en el seno de la comunidad de energías renovables, la energía  renovable que produzcan las unidades de producción propiedad de dicha  comunidad de energías renovables, a condición de cumplir los demás requisitos  establecidos en este artículo y de mantener los derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad de energías renovables en su condición de consumidores;

c) acceder a todos los mercados de la energía adecuados tanto directamente como mediante agregación de manera no discriminatoria.”

Y, por último, se incluye la obligación de que las administraciones públicas, al objeto de fomentar y facilitar el desarrollo de las CER, garanticen que:

a) se eliminen los obstáculos reglamentarios y administrativos injustificados a las comunidades de energías renovables;

b) las comunidades de energías renovables que suministren energía o proporcionen servicios de agregación u otros servicios energéticos comerciales estén sujetas a las disposiciones aplicables a tales actividades;

c)    el gestor de la red de distribución correspondiente coopere con las comunidades de energías renovables para facilitar, en el seno de las comunidades de energías renovables, las transferencias de energía;

d) las comunidades de energías renovables estén sujetas a procedimientos justos, proporcionados y transparentes, incluidos los procedimientos de registro y de concesión de licencias, y a tarifas de la red que reflejen los costes, así como a los pertinentes cargos, gravámenes e impuestos, garantizando que contribuyen, de forma adecuada, justa y equilibrada, al reparto del coste global del sistema;

e) las comunidades de energías renovables no recibirán un trato discriminatorio en lo que atañe a sus actividades, derechos y obligaciones en su condición de clientes finales, productores, suministradores, u otros participantes en el mercado;

f) la participación en las comunidades de energías renovables será accesible a todos los consumidores, incluidos los de hogares con ingresos bajos o vulnerables;

g) estén disponibles instrumentos para facilitar el acceso a la financiación y la información;

h) se proporcione apoyo reglamentario y de refuerzo de capacidades a las autoridades públicas para propiciar y crear comunidades de energías renovables, así como para ayudar a las autoridades a participar directamente; y

i) estén en vigor normas destinadas a garantizar el trato equitativo y no discriminatorio de los consumidores que participen en la comunidad de energías renovables.”

Finalmente, la norma prevé que las particularidades de las comunidades de energías renovables se tendrán en cuenta al diseñar los sistemas de apoyo, a fin de que estas puedan competir por el apoyo en pie de igualdad con otros participantes en el mercado.

Por lo que respecta a las CCE, mediante la incorporación del artículo 12.ter) a Ley del Sector Eléctrico, se trasponen los principios comunitarios, relativo a esta figura, estableciendo que reglamentariamente se determinará un marco jurídico favorable que los garantice. El desarrollo reglamentario deberá garantizar que:

a) la participación en una comunidad ciudadana de energía sea abierta y  voluntaria,

b) los socios o miembros de una comunidad ciudadana de energía tengan  derecho a abandonar la comunidad,

c) los socios o miembros de una comunidad ciudadana de energía no pierdan sus derechos y obligaciones como consumidores finales de energía eléctrica,

d) Puedan acceder a todos los mercados organizados de producción de energía eléctrica directamente o a través de la agregación de forma no discriminatoria.

e) Tengan garantizado un trato no discriminatorio y proporcionado en relación con el ejercicio de sus actividades, derechos y obligaciones como clientes finales, generadores, suministradores, o participantes en el mercado que presten servicios de agregación;

f) Estén sujetas a procedimientos y tasas, incluidos el registro y la concesión de licencias, equitativos, proporcionales y transparentes, así como a unas tarifas de acceso a la red transparentes y no discriminatorias, que reflejen los costes de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE) 2019/943, y que garanticen que contribuyan de manera adecuada y equilibrada al reparto general de los costes del sistema.

g) Puedan actuar como representantes de los consumidores para la realización del autoconsumo colectivo, siempre que estos otorguen las correspondientes autorizaciones.

Una vez más, se difiere al desarrollo reglamentario la regulación de los requisitos aplicables a estas entidades, que permitan el acceso a la actividad, sus derechos y obligaciones, así como los derechos y obligaciones de sus socios o miembros.

Como vemos, el Real Decreto-ley nos aporta algo de oxígeno en esta larga carrera de fondo, pero queda distancia hasta la meta, mientras no llegue ese desarrollo reglamentario con el que se amagó hace unos meses, por el que se ponían sobre la mesa los requisitos reales que conformarían el régimen jurídico de estas comunidades energéticas. Mientras, seguiremos esperando y aprovechando, cuando se puede, la oportunidad que el vacío normativo nos proporciona igualmente.

María Isabel Dominguez Llerena

Fuente: Más seguridad jurídica para las COMUNIDADES ENERGÉTICAS | Campón & Martinez-Pereda. Abogados en Cáceres y Badajoz (campon-martinezpereda.com)

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De hecho, el presidente del Clúster ha tenido la oportunidad de departir con Joan Herrera, director de Energía y Medio Ambiente del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat y que fuera director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) hasta su renuncia en 2019, sobre el avance del autoconsumo en España y su aportación al desarrollo de un nuevo modelo productivo y de consumo.

No en vano, Herrera ha sido uno de los abanderados y de los responsables directos del impulso al desarrollo de las energías limpias y el autoconsumo energético experimentados en España en los últimos años, puesto que en su etapa como director general del IDAE puso las bases para hacer realidad gran parte de lo que ahora está ocurriendo.

La consejera para la Transición Ecológica visita el stand de Emececuadrado en Genera 2023

Aportaciones por las que el propio Clúster ha trabajado y propuesto constantemente en el ámbito de Extremadura, como una vía de desarrollo y crecimiento tanto de la actividad económica, como de los propios ciudadanos.

Igualmente la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha compartido impresiones en la feria internacional con asociados y el presidente del Clúster.

Genera se ha convertido en el principal referente del sector a escala nacional y con un atractivo internacional cada vez mayor, encuentro en el que se dan cita grandes empresas y las administraciones públicas, y en la que tienen un papel protagonista nuevos operadores con proyectos e iniciativas innovadoras.

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Una cifra que ya deja bien a las claras el papel que está teniendo este tipo de fuente en el desarrollo renovable del país. Según los ratios de creación de empleo directo establecidos por la UNEF y sus empresas miembro, la nueva potencia de energía solar en suelo que se instaló en 2022 ha supuesto la creación estimada de 74.250 empleos directos e indirectos a lo largo de todo el territorio español. Lo que da una radiografía muy precisa del positivo impacto que el desarrollo de energías limpias tiene para el comportamiento del mercado laboral.

“Un año más, en el contexto del Día Internacional de la Energía, desde UNEF podemos aportar nuevos datos que demuestran que España tiene, gracias a la energía solar, una gran oportunidad. A través de esta fuente de generación limpia, barata y totalmente respetuosa con la naturaleza, no sólo luchamos contra el cambio climático y blindamos a nuestro país de sus efectos, sino que estamos contribuyendo a la generación de empleos de calidad, a una reindustrialización real que nos permita revertir la España vaciada.”, explica José Donoso, director general de UNEF.

En el balance que hace la asociación del sector a nivel nacional, en la actualidad, España ya cuenta con un total de 19.621 MW de potencia instalada, lo que supone un 50% del objetivo total que debe cumplir España según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima planteado por el Ministerio de Transición Ecológica y Agenda Urbana antes de 2030.

Además, según los datos recogidos por UNEF, España ya dispone de 5.249 MW de potencia instalada acumulada de autoconsumo. En cuanto al reparto por sectores, la mayoría de esta nueva potencia, un 47%, se ha instalado en el sector industrial, un 32% en el sector residencial, un 20% en el sector comercial, siendo el 1% restante, autoconsumo aislado.

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El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ya ha anunciado que el Gobierno autonómico se marca como objetivo para el año 2030 producir el 20% del hidrógeno verde que se genere en España, con un desarrollo de 3 gigawatios de electrolisis de un total de 16.

De este modo, la región se situaría como principal productora de esa fuente de energía, al igual que ya ocurre con la fotovoltaica, cuyo objetivo del 20% de la producción respecto al total nacional ya ha sido incluso «ampliamente» superado.

Un planeamiento que ha tenido una amplia repercusión en los medios de comunicación tanto regionales como nacionales.

Ese objetivo, ha añadido Vara, se traduciría en unos 10.000 millones de euros de inversión, 2.500 puestos de trabajo directos, 20.000 puestos de trabajo durante las construcciones y, en definitiva, «dar un paso más» en lo que está suponiendo para Extremadura el proceso de la transición ecológica y «esta revolución verde» en la que nuestra región aparece como «uno de los actores principales para España y para la Unión Europea».

Una apuesta por la producción de energía procedente de fuentes renovables que contrasta con la delicada situación de otras comunidades autónomas al cierre de la aprobación de los nuevos proyectos renovables por parte del Gobierno central.

De hecho un ramal de 420 kilómetros cruzará Extremadura para distribuir Hidrógeno Verde en Europa. Uno de los hitos más importantes en la construcción europea de esta red ha sido la adhesión de Alemania a este proyecto que acabará conectando a Portugal, España, Francia y Alemania.

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Como ha informado un gran número de medios de comunicación, el Ejecutivo central ha dado pasos para promover las energías renovables y el autoconsumo energético.

Una de las novedades que veníamos reclamando desde el sector renovable y, que finalmente ha salido aprobada, es la eliminación del límite de 500 metros para el autoconsumo compartido a través de la red de la energía generada en plantas fotovoltaicas de baja tensión, lo que permitirá a cualquier consumidor beneficiarse de la energía generada por estas instalaciones aunque se encuentren a más distancia de los 500 metros que se fijaban como límite hasta ahora.

Algo que nos equipara a países de nuestro entorno, aunque aún no hay precisión en la nueva distancia máxima a que se podrá acceder a estas instalaciones, si bien todo apunta a que puedan ser dos kilómetros. Debe tenerse en cuenta que el desarrollo tecnológico permite sobradamente el crecimiento del consumo colectivo con incrementos en su radio de acción.

Este paso supone un avance, aunque son necesarios dar más pasos y avanzar con más determinación, para un desarrollo verdadero de las comunidades energéticas locales. En cualquier caso, con el nuevo plan se abre la mano a facilitar la captación de socios por parte de las comunidades.

El potencial de España en este tipo de instalaciones es extraordinario y está prácticamente todo por hacer. Pese a nuestras condiciones climáticas y geográficas, todavía estamos lejos de países que están haciendo una apuesta decidida por las comunidades energética como fórmula de independencia y como vía de eficiencia y ahorro energético. Como, por ejemplo, son los casos de Alemania, especialmente golpeada por la invasión rusa de Ucrania y sus consecuencias energéticas, Dinamarca y Países Bajos.

Antes del 1 de diciembre, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán que publicar sus respectivos planes de ahorro energético, despliegue de autoconsumo y actuaciones de ahorro y eficiencia.

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Las nuevas instalaciones se suman al parque eólico el Merengue I, el primero de la comunidad autónoma, y que está operativo desde 2019. Como ya ha informado el periódico Hoy, Naturgy va a realizar una inversión conjunta de más de 56 millones de euros entre ambas actuaciones y se crearán casi 900 puestos de trabajo, sumando directos e indirectos.

El parque Merengue II va a contar con 11 generadores, mientras que la planta fotovoltaica, que es la tercera iniciada por la compañía en Extremadura, contará con 77.868 módulos.

Está previsto que ambas instalaciones entren en funcionamiento en junio de 2023. Entonces verterán a la red energía para el abastecimiento de más de 54.000 viviendas.

Propietarios de donde se van construir las instalaciones, políticos y empresarios de Plasencia han asistido al acto de colación de la primera piedra, que ha estado presidido por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, acompañado por la consejera de Transición Ecológica, Olga García, el alcalde de la ciudad, Fernando Pizarro, y el presidente de la compañía, Francisco Reynés.

Al igual que la responsable de Renovables de Naturgy en Extremadura, Ana Ruiz, remarcaba en una entrevista para Mercados21, Reynés ha señalado la importancia de la región para la empresa. «En los próximos años la inversión superará los 1.000 millones de euros en diferentes proyectos para generar 800 megavatios de potencia».

El presidente de Naturgy, además, ha agradecido a las administraciones (Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Plasencia) por la disposición y las facilidades administrativas para llevar a buen puerto este tipo de proyectos que contribuyen a la transición energética y la sostenibilidad.

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Por ello la UNEF se ha propuesto combatir “la desinformación generada por noticias falsas y la proliferación de mitos en redes sociales que pueden lastrar la implementación de los proyectos de energía solar en España en momentos donde la fotovoltaica es una tecnología clave para acelerar una transición energética que nos permita conseguir una mayor independencia energética a la vez que frenamos la emergencia climática”.

Con la creación del Sello de Excelencia en Sostenibilidad UNEF, la asociación sectorial ha generado una herramienta que, además de reforzar los altos estándares de integración ambiental y social del sector fotovoltaico español, reconoce y difunde las buenas prácticas del sector con el fin de contrarrestar las ‘fake news’, evitando que su proliferación ponga en riesgo la aceleración de la transición energética y “las ventajas” que ésta supone para el desarrollo de nuestro país.

¿Y cuáles son los principales mitos y bulos que busca desmontar las acciones de la UNEF? Los desglosa en estos 10 puntos.

1. Modelo de desarrollo renovable sin fin que pone en peligro zonas de alto valor ecológico: La UNEF recuerda hay que distinguir entre proyectos planteados inicialmente y los que se construyen finalmente, ya que ninguno se aprueba directamente. Debe tenerse en cuenta que los proyectos que se han planteado en zonas de alto valor ecológico no van a superar el proceso de tramitación.

2. Las proyectos en suelo de energía solar no son necesarios para conseguir la transición energética, basta con el autoconsumo: La asociación insiste que acelerar la transición energética no puede depender de la iniciativa particular o de personas físicas o empresas. Para lograr los objetivos que marca el PNIEC hace falta utilizar todos los recursos disponibles: autoconsumo en todos los edificios en los que sea posible, comunidades energéticas en entornos industriales, muchas plantas pequeñas y medianas de generación distribuida y un número pequeño de plantas grandes donde sea ambientalmente viable.

3. España va a ser el panel solar de Europa: actualmente, la Península Ibérica tiene un grado de interconexión con el sistema europeo muy inferior al del resto de países de la Unión, lo que limita enormemente la capacidad de exportación de nuestro país. España es una isla energética.

4. La energía solar no genera beneficios locales: La organización sectorial subraya que la instalación de una planta fotovoltaica es una actividad generadora de ingresos para las entidades locales, debido al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), así como el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales (IBICES). La construcción de un MW de energía solar genera unos 76.000 euros durante toda la vida útil de la planta en el municipio en el que se localiza.

5. Todos los componentes se importan de China: en España se puede fabricar hasta el 65% de la cadena de valor de un proyecto fotovoltaico.

6. Las plantas no generan empleo local: El sector de la energía solar es una fuente de generación de empleo local, ya que un proyecto de 100 MW puede crear entre 300 y 400 empleos locales que tienen además un efecto de arrastre para la contratación indirecta en el municipio.

7. Las plantas ocupan demasiado terreno: La UNEF destaca que hace falta una fracción mínima de suelo para cumplir los objetivos de generación fotovoltaica que delimita el PNIEC y que equivalen únicamente al 0,068% del terreno total de nuestro país.

8. Los proyectos fotovoltaicos son una amenaza para la biodiversidad: Tras la instalación de la planta en suelo de energía solar, el terreno sufre una positiva transformación, al limitarse el acceso de personas, dejar aproximadamente un 90% del suelo libre y no usar herbicidas, el suelo recupera su actividad y el equilibrio. Además, gracias al plan de medidas de integración del proyecto con el entorno y la re-naturalización, se genera una ‘llamada de refugio’ para algunos animales.

9. Las instalaciones fotovoltaicas destruyen el terreno donde se sitúan: En la fase de construcción no se realiza movimiento de tierra ni se compacta el terreno, la actuación sobre el suelo se limita a las zanjas para los cables y a la instalación de las estructuras de los paneles. Estos, una vez terminada la actividad de la planta, se pueden retirar sin generar ningún impacto negativo, explica la asociación.

10. Una vez acabada la vida útil de la planta, los paneles generan grandes residuos: Los paneles fotovoltaicos son perfectamente reciclables. Un módulo fotovoltaico de silicio (el 95% del mercado) está compuesto de vidrio (78%), aluminio (10%), plásticos (7%) y metales y semiconductores (5%). Simplemente recuperando el marco de aluminio y el vidrio de la parte delantera se recicla más del 80% de su peso.

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